El uso del agua para regar las fincas fue siempre un reto en Santa Isabel. En 1844 dos de los principales hacendados del nuevo pueblo, el recién llegado hacendado mallorquín José Alomar (Hacienda Santa Isabel ) y Pedro Juan Capó (Hacienda Destino en Jauca) obtuvieron permisos del gobierno para tomar agua del río Coamo y regar sus sembrados. Debido a los obstáculos en el terreno y los costos que enfrentaron, no pudieron llevar a cabo este plan por muchos años.
El canal de riego tenía que cruzar terrenos de otros hacendados, por esa razón decidieron solicitar y obtuvieron otro permiso para crear una represa y tomar dichas aguas en otro punto más abajo llamado “el güamá”. En 1846, cuando se disponían a unir las zanjas con las del “güama” para aumentar el caudal, varios vecinos enviaron una protesta al Gobernador quien solicitó un estudio de la situación.
El 18 de julio de 1853 el comandante de ingenieros escribió al Gobernador sobre la solicitud de los hacendados para regar sus terrenos. Según lo investigado por el maestro mayor de fortificación, Vicente García, se podían repartir las aguas que el río traía menos una cuarta parte que se destinaría al servicio público. Éstas se distribuirían de la siguiente manera: a Don Buenaventura Foser (Fores?) le darían permiso cada mes para usar las aguas trece días, durante cuatro horas y 38 minutos, para regar dos mil cuerdas .A Don Antonio Vélez (fundador del pueblo) por las mil cuerdas de terreno que poseía podría usar las aguas por 6 días, 14 horas y 18 minutos. A Don José Alomar por las 816 cuerdas que tenía podría usar el agua para el riego por 5 días, 9 horas y 10 minutos. A Don Pedro Juan Capó por 432 cuerdas que poseía podría usar las aguas 4 días, 19 horas y 53 minutos. Los interesados deberían revestir de ladrillos los canales que había que construir, así como los existentes. Si el costo fuera muy alto podían hacerlo de madera pues en esta comarca, según el relator, existían maderas muy sólidas y duraderas.
El 24 de octubre de 1854 Don Pedro Juan Capó y Don José Alomar escribieron al gobernador amenazando con un litigio y le pidieron que dejara sin lugar esa decisión.
Los dos hacendados se quejaron de que García partió de bases falsas y no clasificó los terrenos de ambos hacendados en la clase que correspondía. También alegaron que no tuvo en cuenta que ellos eran los que habían recibido un permiso del gobierno, el cual les concedía el privilegio para ocupar el lugar preferente en cualquier distribución. García les había otorgado el último lugar. Pedían respetuosamente al Gobernador que hiciera de nuevo el reparto y que les concedieran a ellos el lugar preferente que les correspondía para “evitar litigios dispendiosos.” También solicitaban que comisionara a la autoridad de la villa y a otros dos hacendados peritos para realizar un arreglo amigable y evitar un las “ruinosas consecuencias que esta situación podría ocasionar”.
Los otros hacendados, decían por su parte, que las aguas debían ser para todos y que Alomar y Capó tenían 500 cuerdas regables cuando los otros hacendados poseían 1,500 cuerdas.
Al siguiente mes, el maestro mayor de fortificación Vicente García le escribió la Gobernador informándole que José Alomar y Pedro Juan Capó habían solicitado permiso para regar 500 cuerdas, pero que en el reparto final les consideraron un total de 1,548 cuerdas que ambos poseían o sea 1,123 cuerdas más que las solicitadas. También afirmó que las aguas se habían distribuido según las reglas establecidas y que el principio clave era que el agua debía distribuirse entre todos. Que mientras más personas solicitaran menos le tocaría a cada una. Que el que reportaba más cuerdas regables tendría mas días y horas disponibles de las aguas para el riego. Que la preferencia siempre debía ser para los ribereños (los hacendados con cuerdas cerca del río).
El maestro mayor también señaló que la petición de estos dos hacendados reduciría el agua disponible para los demás y que la idea de un litigio era para que los otros no pudieran disfrutar de los beneficios que les correspondía.
El 30 de noviembre de 1854 los asesores del gobernador le recomendaron que comisionara a la autoridad de Santa Isabel para que junto a otros tres hacendados, peritos e imparciales, evaluaran el reclamo de Alomar y Capó y llegaran a una conclusión.
Fuente: Archivo General de Puerto Rico
Foto: Derechos reservados, Melvin Rivera Velázquez